Ya se conocen las resoluciones aprobadas a propuesta de los Grupos Parlamentarios derivadas del Debate del Estado de la Nación. Entre ellas encontramos la número 9 «Política de Seguridad y Defensa«, a propuesta del Grupo Popular acordada con el Grupo Socialista.
Al iniciar la lectura del punto 8 parece que vayamos a encontrar alguna declaración que afecta o se refiera a las personas que integran nuestras Fuerzas Armadas. Así se insta al Gobierno a » A agilizar, acelerar y asegurar el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, construyendo una fuerza conjunta alistada y eficaz para operaciones permanentes y de reacción, con capacidades adaptadas al marco estratégico establecido por la Estrategia Europea de Seguridad y la Estrategia de Seguridad Nacional».
Sin embargo, es un mero espejismo. La cuestión es otra, importante, sí, pero de diferente naturaleza. Y es que, todavía, es complicado que se identifique y cuente con un espacio propio en la Política de Seguridad y Defensa, la relativa a las políticas de personal en el seno de las Fuerzas Armadas. Construir una «fuerza conjunta alistada y eficaz para operaciones permanentes y de reacción» es sin duda una necesidad estratégica en el marco de las previsiones de esta naturaleza contenidas en la Estrategia Europea de Seguridad y la Estrategia de Seguridad Nacional. Pero ello no significa que no pueda y deba compatibilizarse con procurar la sincronización de las políticas de personal en el seno de las Fuerzas Armadas de nuestros socios europeos. Si no avanzamos hacia un diseño común de los aspectos de las políticas de las personas, de los militares, en el entorno de la Política Común de Seguridad y Defensa, no lograremos construir una verdadera potencia defensiva, autónoma, que trabaje de manera coordinada con otros agentes internacionales de la seguridad y la defensa. Lo ha pedido reiteradamente EUROMIL y AUME, en cumplimiento de sus fines de defender a los que integran los Ejércitos de los Estados miembros de la Unión Europea.
Lo mismo podemos decir en relación con la propuesta 15 «Defensa de las libertades y lucha contra el terrorismo», que contiene un apartados 2.d, del siguiente tenor literal «Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia». Una propuesta que como la anterior no puede obviar la necesaria sincronización del régimen de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, potenciando además un espacio para el análisis y la reflexión sobre el actual modelo policial español.
Mariano Casado
