La regulación de la vinculación de los militares de Tropa y Marinería y de Complemento con las Fuerzas Armadas viene determinada en el artículo 3, apartados 1, 3 , 4 y 6 , todos de la Ley 39/2.007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Es una relación jurídico-pública que se rige por la citada ley. Es por tanto esa ley y la Ley 8/ 2.006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería (y sus diversos desarrollos reglamentarios), el marco jurídico que sostiene en actual sistema.
Por otra parte, la aplicación del Estatuto de los Trabajadores está excluida en dicha norma de manera expresa, en su artículo 1, apartado 3, letra a).
El Tribunal Supremo ha reconocido esta situación normativa en diversas sentencias. Citaremos una reciente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 14 de diciembre de 2.016. En ella no se deja lugar a dudas de la validez jurídica del marco regulador de los militares de Tropa y Marinería y de Complemento. Basta para ello leer el contenido del Fundamento de Derecho Tercero.
Es todo lo anterior suficiente para desmontar supuestas vías de consecución de la condición de permanente al margen de esta regulación y menos acudiendo a vías jurisdiccionales ajenas, como es la jurisdicción social.
Los cambios en la situación jurídica de los militares de Tropa y Marinería y de Complemento, en cuanto a su configuración actual o modelo, sólo pueden conseguirse mediante un cambio legal, que debe producirse en sede parlamentaria.
Por todo ello, resulta del todo desaconsejable iniciar vías de impugnación ante la jurisdicción social, que carecen de fundamento jurídico y que solo pueden propiciar frustración y desembolsos injustificados.
Solo la exigencia del cumplimiento de las actuales leyes y el trabajo con los grupos parlamentarios puede tener frutos positivos a corto, medio y plazo.
La sentencia del Tribunal Supremo a la que me refiero puede leerla en este enlace:
