TOGAS Y NO UNIFORMES

Cuando leía ayer la noticia de que el CGPJ había firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa “por el que el órgano de gobierno de los jueces facilitará a los órganos de la jurisdicción militar el acceso a distintos medios y servicios como el Fondo Documental del CENDOJ”, pensé, una vez más, que la reforma de la jurisdicción militar es una cuestión urgente e inaplazable, con la consideración de cuestión de estado.

Pero cuando continúe leyendo la nota de prensa, comprendí lo absolutamente necesario de las acciones de reivindicación de un nuevo marco legal, que regule el ejercicio de la tutela judicial efectiva, en los ámbitos penales y contencioso-disciplinarios, y que garantice este derecho a los miles de hombres y mujeres, guardias civiles y militares, que nos dan seguridad y defensa a todos los ciudadano.

También, sentí preocupación. Leer que es la ministra de Defensa, la que firma el convenio con el CGPJ, por medio del cual se pretende un “intercambio de información doctrinal y jurisprudencial, poniendo a disposición de ambas instituciones los respectivos fondos bibliográficos; facilitando a los miembros de los Juzgados y Tribunales Militares el acceso al Fondo Documental del CENDOJ; o integrando a los componentes de esos órganos en los programas de acción formativa que desarrolla el Consejo General del Poder Judicial para la correcta utilización de los fondos bibliográficos y documentales”, no es la mejor de las noticias.

Ello supone reconocer que los jueces militares no están integrados en el Poder Judicial, como el resto de los jueces y magistrados, que directamente pertenecen a dicho órgano. Por ello, por no ser de la misma naturaleza de jueces, necesitan de este convenio, que no resulta necesario cuando de jueces y magistrados se habla, porque va de suyo – permítaseme la expresión –  que el CGPJ les provea de todos los medios e instrumentos materiales y de formación para hacer su importante trabajo.

Si los jueces militares fueran como los demás, no sería necesario este convenio. Pero no siéndolo, el convenio evidencia algo que ha de corregirse de una vez por todas y que es una de las asignaturas pendientes de nuestro país. Los jueces militares o mejor dicho, los jueces especialistas en derecho militar no deben depender del ministerio de Defensa.

La realidad es que dependen del ministerio de Defensa y del mando militar, que es quién les evalúa y califica, y en cuyas manos está su carrera profesional y su proyecto de vida personal. No cabe más capacidad de mediatizar su independencia.

Esto no puede seguir así. Y medidas como las que se recogen en el convenio quizás pretendan únicamente dar apariencia de normalidad a una situación que de normal nada tiene. Lo normal sería que este convenio no se hubiera firmado y que los llamados a impartir justicia sobre las acciones u omisiones comedidas por quienes tienen su condición militar activada,  cuando están en el cumplimiento estricto de su misión constitucional y de sus funciones, fueran jueces y magistrados especialistas, que vistieran la toga y no el uniforme.

Mariano Casado

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